La llamada Ley Antimemes podría tener más efecto como amenaza que como una herramienta realmente aplicable en tribunales, advirtió Érick Monroy Sánchez, presidente de la Barra de Abogados del Estado, quien calificó la reforma como ambigua y una “llamarada de petate”.
El abogado sostuvo que, por la manera en que quedó redactada la modificación a la Ley de Protección a la Propiedad Industrial, sería jurídicamente complicado imponer sanciones a quienes elaboren o compartan memes y parodias.
A su juicio, la intención de la reforma pareciera estar dirigida principalmente a generar temor entre quienes hacen escarnio o crítica de los políticos en turno.
Incluso cuestionó el trabajo legislativo detrás de su aprobación.
“Se puede asegurar que los 72 senadores que la aprobaron ni siquiera la leyeron o si lo hicieron, no la entendieron”, señaló.
Ve falta de claridad en lo que pretende sancionarse
Monroy Sánchez explicó que uno de los principales problemas está en la redacción de la conducta que podría derivar en una sanción.
De acuerdo con el abogado, el planteamiento establece castigos para quien utilice o reproduzca comercialmente un logotipo o identidad institucional con el propósito de engañar a otra persona.
Para el presidente de la Barra de Abogados, esta disposición resulta demasiado ambigua.
Recordó que el derecho penal debe cumplir con el principio de taxatividad, es decir, que aquello que se pretende sancionar debe estar definido de manera clara y precisa.
En su opinión, esa claridad no se encuentra en el texto de la reforma.
Memes podrían continuar mientras no utilicen logos
Otro punto señalado por Monroy Sánchez es que la reforma hace referencia al uso de logotipos.
Por ello, consideró que una caricatura, parodia o meme en el que no se empleen esos elementos difícilmente podría ubicarse dentro de lo expresamente prohibido por la legislación.
“El asunto está en que la interpretación puede ser sesgada por la autoridad que se sienta agraviada por memes o parodias”, advirtió.
Sin embargo, apuntó que el propio texto establece condiciones específicas que tendrían que cumplirse para configurar una posible conducta sancionable.
“Significa que sí se puede seguir haciendo memes, siempre y cuando no se utilicen logos, sin engañar a alguien más o con fines comerciales. Si se realiza un meme de manera privada y se comparte con alguien más, no se ve un posible escenario de sanción penal, por lo cual existe la posibilidad de no pisar la cárcel”, señaló.
Acusa intento de intimidar la crítica política
Para Monroy Sánchez, denominar a la reforma como Ley Antimemes contribuye a generar la percepción de que cualquier sátira o crítica podría tener consecuencias legales.
Consideró que este mensaje puede provocar temor no solamente entre ciudadanos, sino también entre periodistas, medios de comunicación, influencers y personas que habitualmente opinan sobre asuntos políticos.
En ese sentido, insistió en que, por su actual redacción, la reforma enfrentaría dificultades para ser aplicada penalmente y que su principal impacto podría quedar en el terreno de la intimidación frente a la crítica y la sátira política.