Las amenazas contra el obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, podrían tener consecuencias penales que van más allá del delito de amenazas, advirtió Salvador Farías, integrante del Colegio de Abogados, quien exigió a la Fiscalía investigar a fondo el caso y evitar que quede sin consecuencias.
El especialista explicó que el ofrecimiento de dinero para que una persona atente contra la vida del religioso podría involucrar diferentes conductas delictivas, entre ellas una posible incitación a la violencia o autoría intelectual, aunque aclaró que corresponde a las autoridades determinar la clasificación jurídica de los hechos.
Farías consideró especialmente preocupante que una situación de esta naturaleza pueda normalizarse, pues advirtió que si las autoridades no actúan, podrían abrir la puerta para que amenazas similares se repitan contra cualquier ciudadano.
Piden protección para el Obispo de Aguascalientes
Salvador Farías sostuvo que tanto el Gobierno del Estado como las autoridades federales deben intervenir para garantizar la seguridad del obispo Juan Espinoza Jiménez.
Argumentó que, por su posición pública, el representante religioso cuenta con una mayor visibilidad y posibilidades de protección, situación que no necesariamente se presenta en el caso de cualquier ciudadano.
“El precedente es grave, no se debe de minimizar, porque lo que le sucede al Obispo le puede suceder a cualquiera más. Digamos, si el Obispo con una protección mayor, considerando el personaje que es, imagínate Juan Pueblo, pues vamos a estar mucho más indefensos, por lo tanto hay que brindarle este cerco de protección”, expresó.
El abogado insistió en que las amenazas deben atenderse con seriedad, independientemente de quién sea la persona afectada.
Desde su perspectiva, la falta de una respuesta institucional contundente podría generar condiciones para que otras personas recurran a mecanismos similares de intimidación.
Ofrecer dinero para atacar al Obispo podría configurar distintos delitos
Uno de los aspectos que Salvador Farías pidió analizar es que las amenazas contra el Obispo no se limitarían necesariamente a una expresión intimidatoria.
Explicó que el ofrecimiento de una recompensa económica para que un tercero cometa una agresión podría involucrar distintas figuras jurídicas, dependiendo de las circunstancias, los elementos disponibles y la valoración de las autoridades ministeriales.
“Hasta el momento es incitación tal vez a la violencia, hay una serie de cuestiones ahí, es decir, no es un delito de amenazas, sino que da un concurso de delitos, son varios delitos, como incitación a la violencia, autoría intelectual, hay una serie de cuestiones que habría que analizar, pero no es una sola modalidad, no es un solo delito”, explicó.
No obstante, el integrante del Colegio de Abogados precisó que será la autoridad competente la encargada de establecer qué conductas constituyen delitos y cuáles serían las responsabilidades penales correspondientes.
Por ello, evitó anticipar sanciones específicas, ya que estas dependerán de cómo se configure jurídicamente el caso y de las determinaciones que se adopten durante la investigación.
Exigen a la Fiscalía no dejar el caso sin consecuencias
Farías hizo un llamado a la Fiscalía para que mantenga la atención sobre las amenazas contra el obispo de Aguascalientes y realice las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades.
El abogado señaló que permitir que un hecho de esta naturaleza quede sin una respuesta institucional puede sentar un precedente preocupante, especialmente porque las amenazas no necesariamente se limitarían a figuras públicas.
En ese sentido, subrayó que la protección de las personas frente a posibles actos de violencia debe ser una prioridad para las autoridades estatales y federales.
También insistió en que el caso debe analizarse desde sus posibles implicaciones legales y no solamente por la relevancia pública de la persona amenazada.
Para el especialista, la gravedad del asunto radica tanto en las amenazas dirigidas al Obispo como en el riesgo de que este tipo de conductas se conviertan en una práctica recurrente si no se investigan y sancionan conforme a la ley.
Por ello, reiteró que las autoridades deben actuar para esclarecer lo sucedido, determinar si existen responsabilidades penales y garantizar la seguridad de Juan Espinoza Jiménez.