La propuesta del Gobierno Federal para armonizar los catastros y registros públicos de la propiedad en México ha generado preocupación entre las entidades federativas, ante el temor de que la información inmobiliaria termine concentrada en una base de datos nacional que pueda utilizarse con fines de fiscalización o control.
- Temen que datos de propiedades sean utilizados para fiscalización
- Reforma podría afectar autonomía de los estados
- Advierten riesgos de imponer un mismo sistema inmobiliario
- Reconoce ventajas de unificar trámites en todo México
- ¿La Federación podría quedarse con el impuesto predial?
- Aguascalientes tenía más de 10 años sin actualizar valores catastrales
- Actualizaron todas las claves catastrales entre 2024 y 2025
- Municipios decidirán cuánto actualizar el predial
- Armonización catastral enfrenta retos legales y tecnológicos
Miguel Romo Reynoso, titular del Instituto Catastral de Aguascalientes, señaló que existe resistencia a la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, debido a que podría limitar la capacidad de los estados para administrar sus propios sistemas de información territorial y patrimonial.
El funcionario explicó que actualmente cada entidad cuenta con su propia legislación, plataformas tecnológicas y procedimientos para realizar los trámites registrales y catastrales, por lo que imponer un modelo uniforme podría generar dificultades operativas.
Aunque reconoció que una homologación nacional facilitaría las operaciones inmobiliarias y reduciría diferencias entre entidades, insistió en que el principal desafío será garantizar que las autoridades estatales conserven sus facultades.
Temen que datos de propiedades sean utilizados para fiscalización
Una de las principales inquietudes que, según Miguel Romo Reynoso, comparten los estados es la posibilidad de que la información catastral y registral se concentre en un sistema nacional.
El funcionario advirtió que la creación de una gran base de datos podría abrir la puerta a usos distintos de aquellos para los que originalmente se recopila la información.
Entre los escenarios que generan preocupación mencionó la fiscalización, el control predial y la pérdida de autonomía de las entidades federativas.
Explicó que los estados han desarrollado durante décadas sus propios mecanismos para administrar la información relacionada con los inmuebles y sus propietarios.
Por ello, consideró necesario analizar cuidadosamente cualquier reforma que busque establecer criterios nacionales obligatorios.
“Entonces, de alguna manera, hay un rechazo porque hay una invasión a la autodeterminación de cada Estado para poder definir cómo lo va a llevar a cabo”, expresó.
Romo Reynoso aclaró que estos señalamientos representan preocupaciones sobre los posibles alcances de la propuesta, sin afirmar que la Federación ya esté utilizando las bases de datos para esos fines.
Reforma podría afectar autonomía de los estados
El titular del Instituto Catastral sostuvo que la administración de los registros públicos y catastros responde a las condiciones legales y operativas de cada entidad.
Aunque las funciones registrales son de carácter público, explicó que los estados cuentan con normativas particulares para determinar cómo se realizan los procedimientos.
Esto incluye las plataformas digitales, la elaboración de cartografía y los mecanismos mediante los cuales se actualiza la información de los inmuebles.
El funcionario señaló que una armonización acelerada podría obligar a modificar leyes, instituciones y sistemas que actualmente funcionan bajo esquemas distintos.
Además, advirtió que deben considerarse las características sociales de cada región y las condiciones en las que opera su mercado inmobiliario.
La preocupación también alcanza los procedimientos de desarrollo urbano, planeación territorial y autorización de nuevos fraccionamientos.
Romo Reynoso planteó que una reforma nacional debe tomar en cuenta estas diferencias para evitar complicaciones administrativas.
Advierten riesgos de imponer un mismo sistema inmobiliario
Otro de los aspectos que generan inquietud es la posibilidad de que la Federación impulse una homologación sin analizar previamente las particularidades de cada estado.
Miguel Romo Reynoso explicó que las operaciones inmobiliarias no se desarrollan de la misma manera en todas las regiones del país.
Las entidades cuentan con distintos niveles de modernización tecnológica, procedimientos registrales y mecanismos para mantener actualizada su información catastral.
También existen diferencias en la forma en que se autorizan desarrollos urbanos y se registran los cambios de propiedad.
El funcionario añadió que deben considerarse los fenómenos sociales y las condiciones relacionadas con la operación de la delincuencia organizada en determinadas regiones.
Por ello, sostuvo que un sistema nacional tendría que diseñarse considerando estas circunstancias, en lugar de imponer modificaciones que puedan complicar los procedimientos existentes.
Reconoce ventajas de unificar trámites en todo México
Pese a las preocupaciones, el titular del Instituto Catastral de Aguascalientes reconoció que la armonización también podría representar beneficios importantes.
Uno de ellos sería facilitar las operaciones inmobiliarias entre diferentes estados, mediante procedimientos semejantes y reglas más claras.
El funcionario explicó que para los inversionistas resultaría conveniente realizar trámites bajo criterios similares, independientemente de la entidad donde se encuentre una propiedad.
“Porque hay que decirlo: a quienes invierten en este país sí les facilitaría saber que una operación la puedan hacer igual en Yucatán que en Aguascalientes. Eso sí facilitaría”, señaló.
Sin embargo, consideró que alcanzar ese nivel de homologación representa un desafío considerable.
Recordó que los estados llevan décadas desarrollando proyectos de modernización catastral y registral, sin que hasta ahora se haya conseguido implementar completamente el modelo ideal planteado por la Federación a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Por ello, señaló que la mejora regulatoria debe distinguirse de cualquier intento de concentrar facultades que actualmente corresponden a las entidades.
¿La Federación podría quedarse con el impuesto predial?
Uno de los cuestionamientos relacionados con la propuesta es si una eventual armonización nacional modificaría el destino de los recursos recaudados mediante el impuesto predial.
Al respecto, Miguel Romo Reynoso consideró que no existe razón para que estos ingresos dejen de llegar a las arcas municipales.
El funcionario explicó que, desde su perspectiva, cualquier disposición que pretendiera retirar esos recursos a los ayuntamientos enfrentaría problemas de constitucionalidad.
Incluso sostuvo que, de presentarse ese escenario, las entidades podrían recurrir a mecanismos legales para impugnar la reforma.
“Eso sería inconstitucional y cualquier Estado, cualquiera, podría impugnar esta ley”, afirmó.
No obstante, sus declaraciones se refieren a un supuesto que considera preocupante y no a una modificación ya confirmada en la distribución del impuesto predial.
Romo Reynoso reiteró que los municipios deben conservar su capacidad para determinar las condiciones de cobro de este gravamen, de acuerdo con su realidad económica y social.
Aguascalientes tenía más de 10 años sin actualizar valores catastrales
Además de abordar la propuesta federal, Miguel Romo Reynoso reconoció que Aguascalientes enfrentaba un rezago importante en la actualización de los valores catastrales.
El funcionario explicó que, cuando comenzó el proceso de revisión en 2024, existían valores que llevaban más de una década sin actualizarse.
Esta situación representaba un problema debido a que los registros catastrales no reflejaban las modificaciones acumuladas durante ese periodo.
“En el 2024 empezamos a actualizar los valores, pero ya tenían más de 10 años que no se actualizaban, entonces dejas de actualizarlos y tiene un impacto”, señaló.
Ante este rezago, el Instituto Catastral inició un proceso de modernización que se desarrolló durante 2024 y 2025.
De acuerdo con Romo Reynoso, durante esos dos años se consiguió actualizar la totalidad de las claves catastrales registradas en el estado.
El funcionario destacó que este trabajo permitió avanzar en la modernización de la información utilizada para los procedimientos relacionados con los inmuebles.
Actualizaron todas las claves catastrales entre 2024 y 2025
Miguel Romo Reynoso informó que el proceso realizado durante 2024 y 2025 permitió actualizar el conjunto de claves catastrales existentes en Aguascalientes.
Sin embargo, aclaró que la revisión de valores no significa que todos los propietarios deban enfrentar incrementos automáticos o iguales en el pago del impuesto predial.
Explicó que los municipios cuentan con leyes de ingresos que establecen límites y condiciones para determinar cuánto puede aumentar este gravamen.
Por ello, el proceso técnico de actualización catastral debe distinguirse de las decisiones que toman los ayuntamientos sobre el cobro del impuesto.
El funcionario señaló que actualmente las revisiones continúan conforme a las solicitudes y necesidades de cada municipio.
De esta manera, las autoridades municipales pueden decidir si desean actualizar sus valores y en qué medida hacerlo.
Municipios decidirán cuánto actualizar el predial
El titular del Instituto Catastral explicó que los ayuntamientos conservan un papel fundamental en la determinación de los valores que serán utilizados para calcular el impuesto predial.
Detalló que el Instituto realiza los trabajos técnicos correspondientes y entrega la información al municipio interesado.
Posteriormente, las autoridades municipales analizan los resultados y determinan si presentan una propuesta de actualización para que sea sometida a votación del Cabildo.
Este procedimiento permite que cada administración considere las condiciones económicas y sociales de su población antes de tomar decisiones.
Romo Reynoso insistió en que las actualizaciones deben responder a las necesidades de cada demarcación y a los límites establecidos en sus disposiciones fiscales.
Por ello, sostuvo que la eventual armonización nacional tendría que respetar la capacidad de los gobiernos locales para atender sus propias circunstancias.
Armonización catastral enfrenta retos legales y tecnológicos
Para Miguel Romo Reynoso, el desafío de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral será encontrar un equilibrio entre la modernización de los procedimientos y el respeto a las atribuciones de los estados.
El funcionario reconoció que contar con trámites semejantes en todo México podría representar una ventaja para los ciudadanos y las empresas que realizan operaciones inmobiliarias.
Sin embargo, advirtió que también deben establecerse condiciones claras para el manejo de las bases de datos y evitar que la reforma provoque complicaciones administrativas.
La preocupación central, reiteró, es que la información territorial y patrimonial pueda concentrarse en un esquema de control que limite las facultades estatales.
En el caso de Aguascalientes, destacó que ya se avanzó en la actualización de las claves catastrales, mientras que los municipios mantienen la responsabilidad de decidir sobre los valores utilizados para el cobro del predial.
La discusión, según Romo Reynoso, no se limita a modernizar los catastros, sino a definir quién administrará la información de las propiedades, cómo podrá utilizarse y qué facultades conservarán los estados y municipios frente a una posible armonización nacional.